La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado de El Salvador a asegurar que las acciones de prevención y sanción a los crímenes y la delincuencia generada por las pandillas, se implementen «dentro de los límites y procedimientos que garanticen la seguridad pública y el respeto a los derechos y la dignidad humana», en el contexto del Régimen de Excepción, que tiene ya 24 días de entrado en vigencia.

El Gobierno salvadoreño solicitó a la Asamblea Legislativa, un decreto que permitiera detener personas sin órdenes judiciales, ampliar el plazo de prisión de tres a quince días y el derecho a defensa, durante un mes. Adicionalmente, reformar varios cuerpos de ley que permitan castigar con hasta 40 años, la pertenencia a pandillas, los delitos de extorsión, homicidios, agrupación ilícitas y la colaboración a estos grupos. Incluso se modificó la Ley Penal Juvenil y se elevó la pena de cárcel a 15 años si los delitos se cometen por parte de este grupo poblacional.

Además, se eliminan los límites legales anteriormente existentes para la duración de la detención o internamiento provisionales ante ciertos delitos. Asimismo, se establece que operadores y operadoras de justicia de competencia penal pueden ocultar su identificación, en audiencias virtuales o presenciales y otros actos administrativos o judiciales como “medida de protección” a estos operadores.

La Comisión recordó que la Corte IDH ha señalado que si bien se cumple la garantía de seguridad y el orden público, el Estado «tiene el deber, en todo momento de aplicar procedimientos conforme al ordenamiento vigente y respetuoso de los derechos fundamentales de toda persona que esté bajo su jurisdicción». Asimismo, la Corte ha establecido que los Estados tienen la obligación de asegurar que las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos y libertades consagrados en la Convención se mantengan vigentes en toda circunstancia, inclusive durante los estados de excepción.

Sobre el tema, también la Comisión hizo hincapié que la «represión punitiva» a través del sistema penal «no abordan las causas subyacentes a la violencia» y recomendó el diseño e implementación de políticas públicas integrales en materia de seguridad ciudadana con mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, con amplia participación ciudadana.

«Tales políticas deben contemplar la implementación de actividades operativas de prevención y disuasión de hechos violentos o delictivos, y la generación de capacidades en inteligencia policial para un adecuado trabajo de prevención de situaciones de violencia y criminalidad».

La Comisión Interamericana exhortó a El Salvador a realizar el control de convencionalidad sobre las reformas legislativas en materia penal, procesal penal y, en particular, sobre la justicia juvenil. Recuerda, además, que la privación de la libertad de adolescentes «debe ser una medida de último recurso y por el menor tiempo posible».

Finalmente, la CIDH insta al Estado de El Salvador a investigar a quienes resulten responsables de violaciones a los derechos humanos en «observancia al debido proceso legal y absoluto respeto a las garantías judiciales». Asimismo, a que adopte una política de seguridad ciudadana integral «que tenga como premisa la protección a los derechos humanos».

En cifras de la Policía Nacional Civil, 14,576 personas han sido detenidas hasta el 20 de abril, acusadas de delitos relacionados a pandillas. La Fiscalía General de la República (FGR) ha llevado a tribunales a por lo menos la mitad de esta cantidad, según su titular, Rodolfo Delgado, 6,074 personas van a permanecer tras las rejas seis meses, pues se ha comprobado su pertenencia a estas estructuras criminales.