Una denuncia fue presentada este jueves ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) para investigar al Viceministro de Educación, Ricardo Cardona, y el diputado de Nuevas Ideas, Juan Alberto Rodríguez, por la contratación de familiares en las entidades en las que ejercen autoridad, lo que está prohibido bajo la Ley de Ética Gubernamental (LEG).

Fueron representantes de la organización jurídica Cristosal quienes presentaron la denuncia, tomando como base notas periodísticas de El Faro.

Según los datos del caso, el viceministro habría contratado a su hijo Ricardo Javier Cardona, chef de profesión, como corrector de estilo para el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), entidad adscrita al Ministerio de Educación.

El funcionario presentó na declaración jurada en la que asegura que ningún pariente suyo trabaja en el MINED por una prohibición de la LEG.

En el caso del diputado, tiene como asistente a quien sería su cuñada, Adriana Marcela Méndez Hurtado, quien también es servidora pública en el INFOD, pues habría sido contratada para manejar las redes sociales de la institución, pero labora directamente con el legislador.

Tanto el viceministro y el diputado son señalados de violentar referida normativa en su artículo 6 por nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad donde ejerce autoridad a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Sobre Adriana, la supuesta cuñada del parlamentario, Cristosal destaca que en los informes oficiales de labores del INFOD, ella reconoce que labora de lunes a viernes en la Asamblea Legislativa como asistente del diputado en el área de comunicaciones; por lo que no puede desempeñar el trabajo en otra entidad cuando está a tiempo completo como asistente.

Esta conducta violentaría la Ley de Ética Gubernamental al desempeñar simultáneamente dos o más cargos en el sector público que son incompatibles entre sí, por coincidir en horas de trabajo o por ir en contra de intereses institucionales; por lo que ella también es denunciada.

Los abogados piden investigar a los servidores públicos y los hechos que rodearon las contrataciones. Además, se impongan las sanciones pertinentes y si se encuentra una conducta delictiva se certifique con la Fiscalía General de la República (FGR).