Estados Unidos expresó su preocupación por el llamamiento chino a animar a sus ciudadanos a unirse a las labores de contraespionaje y afirmó que ha estado vigilando de cerca la aplicación de la ley del régimen de Xi Jinping contra el espionaje.

El Ministerio de Seguridad del Estado chino declaró el martes que Beijing debería animar a sus ciudadanos a participar en las labores de contraespionaje, lo que incluye la creación de canales para que las personas denuncien actividades sospechosas y recompensarlas por hacerlo.

Según el Ministerio, debe establecerse un sistema que haga “normal” que los civiles participen en el contraespionaje.

Esto se produjo tras la ampliación de la ley china contra el espionaje que entró en vigor en julio y prohíbe la transferencia de información que considere relacionada con la seguridad nacional. Esto alarmó a Estados Unidos, que advirtió que las empresas extranjeras en China podrían ser castigadas por actividades comerciales normales.

“Nos preocupa, desde luego, animar a los ciudadanos a espiarse unos a otros es algo muy preocupante”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller, el miércoles en una rueda de prensa diaria.

“Estamos siguiendo de cerca la aplicación de la nueva ley china contra el espionaje, que, tal y como está redactada, amplía enormemente el alcance de las actividades que se consideran espionaje”, señaló Miller. Y añadió: “Además de estar preocupados por estos nuevos informes, seguimos preocupados por el riesgo de arrestos y detenciones arbitrarias en China”.

Matt Miller, portavoz del Departamento de Estado de EEUU.

En los últimos años, el régimen de Xi Jinping ha detenido y encarcelado a decenas de ciudadanos chinos y extranjeros sospechosos de espionaje, entre ellos a un ejecutivo de la farmacéutica japonesa Astellas Pharma en marzo. El periodista australiano Cheng Lei, acusado por China de facilitar secretos de Estado a otro país, se encuentra detenido desde septiembre de 2020.

La declaración de Beijing de que está amenazada por espías se produce en un momento en que las naciones occidentales, entre las que destaca Estados Unidos, acusan al gigante asiático de espionaje y ciberataques, acusación que el régimen ha rechazado.

El Departamento de Estado norteamericano emitió el mes pasado una advertencia en la que sugería a los ciudadanos estadounidenses que reconsideraran sus viajes a China continental debido al “riesgo de detención injusta”.

“Hay un mayor escrutinio oficial de las empresas estadounidenses y de terceros países, como empresas de servicios profesionales y de diligencia debida, que operan en la República Popular China”, señaló el aviso de Washington. Y agregó: “El personal de seguridad podría detener a ciudadanos estadounidenses o someterlos a enjuiciamiento por realizar investigaciones o acceder a material de acceso público dentro de China”.

En los últimos años, el régimen de Xi Jinping ha detenido y encarcelado a decenas de ciudadanos chinos y extranjeros sospechosos de espionaje. (FOTO: AP)

Recientemente, en una reunión interna del Partido Comunista Chino (PCCh), el presidente Xi Jinping alertó sobre la creciente preocupación por la seguridad nacional en medio de las tensiones geopolíticas e instó a los funcionarios a prepararse para “los peores y más extremos escenarios”.

En la ampliación de su Ley Antiespionaje, aprobada en 2014, China también remarca las responsabilidades en las “precauciones contra el espionaje” que han de tener las instituciones estatales, que deberán llevar a cabo “una educación antiespionaje” y “aumentar de forma efectiva la alerta pública” contra dichas actividades.

Wang Aili, director del departamento de Derecho Penal de la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular china, explicó que la reforma de la ley “se adhiere a un enfoque orientado a solucionar los problemas” y “amplía” las categorías de objetos cuyo hurto se clasificará como “robo de secretos”: añadió los términos “documentos, datos, materiales y artículos relacionados con la seguridad nacional para su protección”.

La ley parece ser un esfuerzo por proporcionar una base legal para castigar a cualquier individuo u organización que amenace los intereses de China, lo que puede incluir cualquier movimiento que sugiera “desespionaje” o “desvinculación”, al menos según la retórica de los medios de comunicación estatales en los últimos días.

La ley también se ha interpretado como una medida para proporcionar un marco jurídico a la visión del mundo de Xi Jinping, ya que adopta dos de sus iniciativas emblemáticas en política exterior: La Iniciativa de Seguridad Global y la Iniciativa de Civilización Global.

Los expertos coincidieron en que el lenguaje ambiguo de la legislación estaría abierto a la interpretación caso por caso y podría amenazar las actividades de periodistas y empresarios extranjeros en China. Es decir, la falta de una definición clara sobre qué documentos, datos o materiales podrían ser considerados relevantes para la seguridad nacional plantea significativos riesgos para ciudadanos y empresas que convivan en China. Así lo advirtió Cedric Alviani, de Reporteros sin Fronteras, quien consideró que el texto abarca “básicamente cualquier tipo de información”

La ley fue aprobada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional en junio pasado, pocos días antes del 102 aniversario de la fundación del Partido Comunista.

El Departamento de Estado norteamericano emitió el mes pasado una advertencia en la que sugería a los ciudadanos estadounidenses que reconsideraran sus viajes a China continental debido al “riesgo de detención injusta”. (REUTERS/Thomas Peter)

Por su parte, empresas extranjeras han advertido que la nueva ley puede aumentar el riesgo de que las personas reciban arbitrarias prohibiciones de salida del país. Un estudio citado por Safeguard Defenders encontró que 128 extranjeros, incluidos 29 estadounidenses y 44 canadienses, recibieron prohibiciones de salida entre 1995 y 2019. “China ha ampliado el panorama legal para las prohibiciones de salida y las ha utilizado cada vez más, a veces sin justificación legal”, señaló la ONG en su último informe.

De todas maneras, el presidente estadounidense, Joe Biden, espera poder reunirse con Xi Jinping en “un futuro cercano” para intentar resolver diversos conflictos. En una entrevista en julio, el mandatario demócrata declaró que el país asiático “está cambiando en este momento” y que aunque tiene “una enorme capacidad”, también tiene “enormes problemas”. Y observó que pese a que es consciente de que el presidente chino quiere reemplazar a Estados Unidos como el país con la mayor economía y capacidad militar del mundo, ambas naciones pueden tener una buena relación.