A las puertas de cumplirse un año de la destitución de cinco Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), desarrolló un conversatorio para evaluar las consecuencias de este acto, promovido por la Asamblea Legislativa actual.

Un panel de analistas judiciales y dos ex magistrados del máximo tribunal constitucional, consideraron este jueves, que la principal afectación fue al principio democrático, pues señalaron que no hubo debate entre los parlamentarios del oficialismo, para puntualizar parámetros que determinaran una razón palpable para separarlos del cargo.

La abogada, experta en derecho constitucional y representante de la Fundación para el Debido Proceso de los Estados Unidos, Úrsula Indacochea, identificó transgresiones a raíz de la remoción de los magistrados: vulneraciones al principio de la independencia entre órganos de gobierno.

Además consideró que la colocación de nuevos funcionarios, fue al margen de la Constitución y generó desconfianza entre la Corte Plena.

«Las personas que llegaron a integrar la Sala de lo Constitucional, instalaron la desconfianza entre el colegiado, en el sentido de si tienen la vocación democrática o no, la gente dispuesta a dar el golpe, venía del propio Órgano Judicial», explicó.

Entre las experiencias abordadas, el ex Magistrado de la Sala de lo Constitucional removida el 1 de mayo de 2021, Carlos Avilés, relató que hubo tensionamientos previas entre la Sala y el Órgano Ejecutivo, por sentencias que frenaron la operatividad del Gobierno para manejar el COVID-19.

No obstante, el abogado enfatizó que las resoluciones se manejaron conforme al orden constitucional, pero Casa Presidencial, dijo, lo consideró como «estorbo».

Avilés dijo en la ponencia que desde el 30 de abril del 2021, habían recibido amedrentamientos de autoridades de Gobierno y de la misma Corte, que daban luz de lo que se avecinaba, la destitución.

«Los actos que hemos visto a lo largo de este año, nos dan a entender que buscaban exonerarse de los regímenes constitucionales. Me gustaría creer que fue un ejercicio ingenuo y abusivo del poder, pero fue un acto flagrante de abuso, porque se violaron parámetros, estándares internacionales y el mismo ordenamiento constitucional», criticó.

Avilés estimó, que se ha «desbaratado» el carácter republicano de Gobierno, pues se ha concentrado el poder sobre una persona. Asimismo puso en la deriva la tutela de derechos humanos de ciudadanos consagrados en la Carta Magna.

«La norma constitucional pierde supremacía, aunque esté ubicado en la cúspide del ordenamiento jurídico, se relega a su menor fuerza; eso nos hace retroceder casi 200 años. Eso significa que la función orgánica de poderes fue absorbida por un solo Órgano de Estado», sentenció.

En ese sentido, hizo el llamado a los jueces de la corte y magistrados que «no actúen bajo un Órgano controlador», «deben reivindicar su magistratura».

El ex Juez Sidney Blanco, quien también perteneció a la Sala (2003-2012) aseguró que desde el año pasado, la administración judicial ha sido cooptada en el pleno ejercicio de sus funciones, por decisiones que emanan de Casa Presidencial.

Según dijo, empezó con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que promovió el Gobierno por medio del bloque de diputados de Nuevas Ideas, GANA, PDC y PCN, y que mandó al retiro a 224 jueces que cumplan 30 años de oficio o 60 de edad.

«Hoy hay nombramientos de dedo, por un magistrado que le sea afín, hay remoción o traslados, sin procesos establecidos en la Constitución», infirió.

Este Decreto, que fue avalado en noviembre del 2021, también se saltó la facultad del Consejo Nacional de la Judicatura, y será la Corte la que nombre jueces. Esto fue cuestionado por Blanco.

«Estos jueces, nombrados sin procesos, también son usurpadores. Se ha creado una anarquía. ¿Qué validez tienen las sentencias de un juez, sobre un juicio de divorcio, una condena penal o el derecho administrativo si no fue elegido bajo un procedimiento establecido en una Ley y la misma Constitución? El derecho va a tener mucho trabajo, cuando vengan días en que vuelva esto a la normalidad», enfatizó.

Para Ruth López, jefa de la oficina anticorrupción de la fundación Cristosal, las principales víctimas de la destitución de la Sala es la población y el «deterioro democrático» visto en el último año, «lo demuestra». «Es el pueblo soberano el que tiene la llave con el voto para balancear el poder, y activar el control y con ello, neutralizar mecanismos de corrupción que impiden el control político institucional».