La fundación Cristosal acudió este jueves al Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) y al Centro Nacional de Farmacología (CNFV), para pedirles que emitan recomendaciones al Ministerio de Salud, sobre el uso de ivermectina y molnupiravir en los kits de medicamentos para tratar a pacientes de COVID-19.

Ruth López, Jefa Anticorrupción de Cristosal, aseguró que en el documento que fue entregado a los entes rectores sanitarios, se solicita que se retire la ivermectina del esquema de medicamentos, debido a las graves afectaciones para la salud humana, que ya han señalado organismos sanitarios y médicos. Para el caso del molnupiravir, piden que se entregue bajo receta médica.

«Lo que pedimos es que recomienden al Ministerio de Salud que no se entregue de manera masiva y generalizada (…) en ambos casos, en el primero se requiere receta médica, son delicados, son de alto costo y puede tener efectos adversos; en el caso de la ivermectina ha sido contraindicada, ha sido no recomendada porque es un medicamento que se ha comprobado con más de 30 estudios, que no tenga efectos positivos frente al COVID-19», señaló.

«Hemos revisado múltiple literatura, hemos entrevistado médicos especialistas en este tema y no hay pronunciamiento a favor, por el contrario se pronuncian en contra», sostuvo López.

La ivermectina es una medicina aprobada en dosis específicas para tratar algunos gusanos parásitos, piojos, afecciones cutáneas, pero no ha sido avalada como tratamiento para el coronavirus por la Administración de Drogas y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ni la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por otro lado, el 23 de diciembre de 2021, la FDA emitió una autorización de uso de emergencia del antiviral molnupiravir para el tratamiento del SARS-COV-2. Según la recomendación, debe estar disponible sólo con receta médica a pacientes concretos y el tratamiento debe iniciarse lo antes posible después del diagnóstico y suministrarse durante cinco días.

Cristosal consideró que otorgar la distribución masiva de ambos fármacos atenta contra el derecho a la vida y la salud, pues pone en riesgo a pacientes renales, hepáticos, embarazadas y grupos de alto riesgo que puedan contagiarse de COVID-19.

López dijo que el CSSP está facultado por la Constitución para velar por la salud de la población y a vigilar el funcionamiento de las instituciones de salud y presentar recomendaciones para su mejoramiento y señalando anomalías que deban corregirse.

En el caso de la CNFV, la ley faculta a garantizar el uso seguro y efectivo de los medicamentos, así como para realizar el análisis y gestión del riesgo, y emitir alertas de seguridad.