El abogado Franklin Josué Nolasco Morales fue nombrado la noche del martes, como el nuevo titular del Tribunal de Servicio Civil (TSC). Tras ser electo, con 66 votos, el funcionario fue juramentado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

El profesional, quien ocupará el cargo hasta el 27 de junio de 2025, se sometió al proceso de selección que realizó la Comisión Política, el 6 de junio.Además de Nolasco, otros dos aspirantes presentaron sus credenciales y fueron entrevistados por los parlamentarios para conocer su formación académica y su experiencia laboral.

Tras verificar el cumplimiento de requisitos legales y analizar las hojas de vida de cada uno de los candidatos, la bancada de Nuevas Ideas, el Partido de Concertación Nacional (PCN), de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y el Partdio Demócrato Cristiano (PDC) decidieron que el perfil del Nolasco era el idóneo para estar al frente del tribunal.

Mientras tanto, ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo no presentaron ternas, aludiendo a que Nolasco Morales era empleado del Congreso antes del nombramiento. No obstante, durante el desarrollo de la Plenaria el bloque oficialista les respondió que en varias ocasiones, se habían nombrado funcionarios de segundo grado que provenían de la planilla del Órgano Legislativo, tal es el caso del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas; el actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, entre otros, así lo expuso Guillermo Gallegos, diputado de GANA.

Antes de ser nombrado como presidente del TSC, Nolasco ya era magistrado propietario de esa institución. Además, laboró en el Órgano Legislativo por 17 años, durante los cuales desempeñó diferentes cargos, el más reciente fue el de gerente de operaciones.

El tribunal, de acuerdo a la Ley de Servicio Civil, debe estar compuesto por tres miembros propietarios. Uno designado por la Asamblea Legislativa (el presidente), otro por el Órgano Ejecutivo y el tercero por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El TSC se encarga de regular las relaciones del Estado con sus funcionarios; de garantizar la eficiencia de las entidades públicas y de organizar la carrera administrativa, a través de la selección y promoción del personal por mérito y aptitud.

La normativa señala que cualquier persona que preste servicios de carácter permanente, propios del funcionamiento de las instituciones públicas contratadas bajo el régimen de contrato, estarán comprendidas en la carrera administrativa.