Este lunes inició, en el Centro Judicial de Santa Tecla, la Vista Pública contra el exalcalde de Zacatecoluca Francisco Salvador Francisco Hirezi y 14 imputados más en el caso conocido como “Monarca”, acusados de otorgar ilegalmente proyectos para la ejecución de una terminal de autobuses.

Entre los implicados en dicho proceso también se encuentran cinco exconcejales de la comuna viroleña, así como el exalcalde de San Rafael Obrajuelo, Rafael Amílcar y su exregidor, Luis Gómez, acusados por el delito de Peculado. Entre los 15 imputados hay personas enjuiciadas por entregar dádivas al concejo municipal de Zacatecoluca.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), las investigaciones apuntan a que los exfuncionarios habrían cometido los cargos entre los años 2018 y 2021.

Proceso por delitos relativos a la corrupción en contra de imputados

Los ex alcaldes de Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo, así como los demás vinculados al proceso penal son acusados por negociaciones ilícitas, peculado, cohecho activo, cohecho propio y cohecho impropio.

Según datos del proceso, las investigaciones iniciaron en agosto del 2020, mediante intervención de llamadas telefónicas. Los implicados, supuestamente negociaron con las donaciones hechas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en las que hubo un total de mil 500 quintales de maíz, los cuales se obtuvieron luego de los daños ocasionados por las tormentas Amanda, Cristóbal y ETA, además, de la pandemia provocada por el COVID-19.

Para disimular que hicieron entrega pública de 100 sacos de maíz, supuestamente los entregaron a otras personas aparentando haber dado en su totalidad los granos.

Además de la ventas de maíz vendieron láminas y se dedicaron a simular proyectos de desarrollo local como pasarelas y asfaltados de calles, quedándose ellos con el dinero. En total, según la Fiscalía lo obtenido ilegalmente asciendo a unos 350 mil dólares.

Aparentemente fue Hirezi y Aguilar Alvarado quienes tomaban las decisiones al respecto de las dádivas, por lo que se apoyaron en agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), transportistas y empresarios para poder obtener una ganancia “extra”.