Desde 2015 a 2021, instituciones que controlan la actividad del Estado y combate hechos delictivos han sufrido estancamiento e incluso reducción de sus presupuestos. Así lo revela el informe «Asignación presupuestaria», publicado este jueves por la organización Acción Ciudadana.

El sondeo proporciona detalles del porcentaje destinado en el Presupuesto General de la Nación a las entidades que ejercen combate a la criminalidad, corrupción, defensa de los derechos humanos y fiscalización de fondos públicos.

Estas son: Fiscalía General de la República (FGR); Corte de Cuentas de la República (CCR); Tribunal de Ética Gubernamental (TEG); Instituto de Acceso a la Información Pública  (IAIP); Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); Procuraduría General de la República (PGR); y Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Eduardo Escobar, Director Ejecutivo de Acción Ciudadana, explicó que algunos recortes presupuestarios están relacionados a la efectividad que han tenido algunas instituciones para denunciar hechos que implican a la administración pública. Mientras que otras instituciones tuvieron más financiamiento porque no dieron señales de fiscalización.

«Si un gobierno le apuesta a seguridad, eso se ve reflejado en los presupuestos de las instituciones que atienden ese ramo; pero si disminuye, la apuesta no va enfocada por ejemplo a perseguir la corrupción, perseguir la transparencia, delincuencia o administrar justicia adecuada», señaló. 

Las instituciones a las que más se les afectó con inyección de fondos, fueron las que componen el Ministerio Público, las cuales son PGR y PDDH; no obstante, la FGR sí ha obtenido aumentos anuales desde el 2013 a la fecha. En 2022 obtuvo $113 millones.

La PGR ha pasado de un presupuesto de $25.2 millones en 2015, a $35 millones en este año; mientras que la PDDH ha experimentado altibajos: En 2015 recibió $9.5 millones, incrementó en el año siguiente, se redujo al que sigue y lo elevó hasta 2019 y 2020, pero 2021 alcanzó $15.4 millones y en 2022 volvió a disminuirse a $12.4 millones.

La CCR y la CSJ, han tenido un aumento gradual de su presupuesto en los últimos seis años. Sin embargo, el TEG y el IAIP han tenido estancamientos presupuestarios y aumentos en un lapso de tres años.

Escobar manifestó que el Órgano Ejecutivo, como encargado de formular el Presupuesto General de la Nación, ha continuado con la tendencia de los pasados quinquenios, en cuanto no ha sido una prioridad fortalecer financieramente a las instituciones fiscalizadoras con asignaciones presupuestarias mayores, a modo que les permita superar sus deficiencias y así brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Esta
afirmación se confirma al revisar que los presupuesto no han tenido una variación significativa desde 2020.

«La disminución de los presupuestos de las instituciones de control cuyo rol principal es la tutela de derechos y defensa de la familia, pueden derivar en un detrimento en el área de atención a víctimas; las asignaciones presupuestarias 2022 para las instituciones de control podrían resultar insuficientes para atender adecuadamente la demanda social de servicios estatales, se repite el comportamiento de estancamiento», explicó.

En otro tema, el informe señala que la Fiscalía, aun siendo una de las instituciones fiscalizadoras con mayor presupuesto asignado, no cubre su necesidad presupuestaria para ser más eficiente en la persecución penal.

Igualmente, a pesar de que una de las apuestas del Gobierno para el año 2022 es la de seguridad pública, siguen sin asignársele fondos en igual proporción que a la FAES y PNC, instituciones que son encargadas o participan en la seguridad pública.