Según las instituciones, entre ellas Cristosal y representantes de Human Rights Watch, se deben implementar políticas públicas de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos y con mecanismos claros que también tengan rendición de cuentas, bajo el debido proceso.
Desde la declaratoria de régimen de excepción, se han realizado más de 6,000 capturas; sin embargo, entre estas se han denunciado detenciones presuntamente arbitrarias.
«El régimen de excepción profundiza la respuesta esencialmente represiva del Estado, y de facto, se ha traducido para los territorios, particularmente los pobres y vulnerables, en prácticas de “abuso policial”», expusieron en una conferencia.
Cristosal ha registrado 26 denuncias de abuso de autoridad, la mayoría por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada; de estas, 16 son detenciones arbitrarias, 6 intimidaciones y 3 lesiones.
Las organizaciones solicitaron que la persecución del delito tenga un «abordaje científico, basado en en la investigación del crimen y verdaderas estrategias para articular el sistema penal más allá de la sanción y privación de la libertad».
El director de litigio estratégico de la organización CRISTOSAL, Abraham Abrego, manifestó que el régimen de Excepción es una medida que se aprobó sin análisis, pero los ciudadanos avalan la disposición debido a la inseguridad que agobia a la sociedad desde hace décadas.
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