Organizaciones sociales y de derechos humanos se pronunciaron este miércoles en la conmemoración del “Día Internacional del Acceso Universal a la Información”, señalando “retrocesos” en el ejercicio de este derecho en El Salvador y agregando que esto se ve reflejado en “retrocesos como vulneraciones a la Constitución y a las leyes”, reza el comunicado emitido en conjunto por colectivos como Cristosal, Fundación para el Desarrollo, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, la Fundación Democracia Transparencia y Justicia, DTJ, entre otros.

“A menor transparencia hay más corrupción; las personas no llegan a tener el conocimiento de la toma a decisiones y si estas afectan directamente a su integridad”, expresó Xenia Hernández, de la Fundación DTJ. Mientras que Ruth López, de Cristosal, reflexionó que “cuando no existe un plan de gobierno, impide que se le dé seguimiento a las políticas que puedan ser implementadas en el país”.

“La falta de información impide que la población fiscalice el uso de los recursos públicos, limitando de forma sustancial la posibilidad de exigir rendición de cuentas”, expuso Diego Jacobo, de la fundación TRACODA.

Por su parte, Gabriela Santos, académica de la UCA, señaló que la ciudadanía tiene derecho a ejercer la libertad de expresión regulado en el artículo 6 de la Constitución «y que también incorpora el derecho al acceso a la información pública».

Según el reporte presentado por las organizaciones la solicitud de acceso a la información en varias instituciones del Estado ha sido casi nulo.

Temas como bitcoin, datos de la Fiscalía General de la República y Corte Suprema de Justicia han sido reservados, expedientes de los procesos de elección de segundo grado de funcionarios, el instructivo para regular la custodia y seguridad en bartolinas de la Policía, señaló el representante de FUNDE Wilson Sandoval.

“El tema de bitcoin, hace 20 días volvimos a solicitar a BANDESAL y al Ejecutivo que nos entregasen información relacionada con la compra y venta de bitcoin, el saldo actual de bitcoin, las direcciones de billeteras, los procesos de compra, los montos de fondos públicos utilizados, qué contratistas extranjeros están participando también en la compra de bitcoin y lamentablemente toda la información que hemos solicitado está reservada”, explicó.

En cuanto a Fiscalía también han sido reservados las investigaciones de lavado de dinero, mientras que la Corte ha declarado inexistentes procesos de selección de jueces en los tribunales de justicia.

«Desde las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, se pidieron expedientes de los funcionarios juramentados, estos fueron reservados, no sabemos qué criterios usaron para designar a jueces, conforme a capacidad», expresó Sandoval.

En ese sentido, las organizaciones sociales rechazan toda acción que vaya en detrimento del derecho de acceso a la información pública e invitan a la población salvadoreña a exigir se cumpla el derecho fundamental de tener información oportuna y transparente con relación a las acciones que realice el Estado salvadoreño.

En 2021, El Salvador obtuvo el puntaje más bajo de transparencia de Centroamérica, 41 de 100 puestos, en el Índice de Presupuesto Abierto.

Asimismo, el 24 de marzo del 2022, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) emitió una resolución en la que declaró al país como inactivo, por la falta de cumplimiento de los criterios mínimos de elegibilidad durante dos años consecutivos y por la no entrega de un plan de acción.