La fundación Cristosal presentó este miércoles una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Procesal Penal que permiten ocultar las identidades de los jueces y magistrados que dirimen causas contra estructuras de crimen organizado y pandillas.

La enmienda al artículo 73-A de dicho Código, forma parte de las peticiones del Gobierno para combatir las pandillas en el Régimen de Excepción. Estas contaron con el aval de los diputados oficialistas el 4 de abril pasado. 

Según la propuesta, los nombres de jueces, magistrados, secretarios de actuación u otro dato que los pueda identificar, no se ventilará en audiencias y en su lugar se reconocerán a los funcionarios judiciales mediante un número u otra clave. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá facilitar mecanismos para ocultar el rostro de los trabajadores de la judicatura.

Para Ruth López, Jefa Anticorrupción de Cristosal, la reforma es inconstitucional, pues priva a los acusados de su derecho de conocer el perfil del juzgador y sus credenciales para que este no dicte sentencia a favor de alguna parte con quien tenga vínculos (acusados, funcionarios, policías y fiscales), contraviniendo normas básicas de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados suscritos por El Salvador.

«Al desconoce la identidad de los jueces se vulnera el derecho de las personas a tener un juez imparcial y con capacidad técnica y objetiva. Ya no se garantiza que las personas tendrán un juicio justo en donde conozcan que el juez no tenga relación con las partes, con el Ejecutivo, Ministro o policías. Hay muchos casos de la Corte Interamericana de Derecho donde se ha dicho que una justicia sin rostro viola los derechos de las personas a conocer el juez, si este es independiente y es competente «, añadió Jonathan Sisco, abogado de Cristosal.

El profesional dijo que las reformas eliminan el contacto entre jueces y acusados, que imposibilitan el derecho de recusación. Además, que las modificaciones deterioran la independencia del Órgano Judicial, debido a que el anonimato de jueces no permitirá saber cuando la CSJ aplique traslados y remociones arbitrarias de los mismos. 

Adicionalmente, Cristosal pidió a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional dejar sin efecto las reformas, en razón de que la Constitución establece que cualquier normativa que regule jueces, debe emanar de la CSJ; la misma fue presentada por el Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.