Reformas a Ley de Firma Electrónica permitirán a más instituciones dar servicios de certificación

Se realizan reformas en artículos para facilitar los procesos de acreditación para las instituciones públicas que deseen brindar servicios a la población.

Ago 25, 2022 | 0 Comentarios

Los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron los artículos 43 y 46 de la Ley de Firma Electrónica con el fin de que más instituciones gubernamentales puedan ofrecer servicios de certificación a los salvadoreños. Esta decisión obtuvo 71 votos a favor.

Rendir una garantía por un monto adecuado al riesgo asumido por la prestación de dichos servicios, es uno de los requisitos que las personas jurídicas nacionales o extranjeras deben cumplir para contar con la acreditación que les permita brindar servicios de certificación en el país. Esa documentación deberá ser otorgada por una sociedad autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero, de acuerdo al artículo 43 de la normativa

Según una enmienda aprobada por los legisladores, las instituciones públicas que deseen acreditarse como proveedoras de servicios de certificación estarán excluidas de este requisito por su naturaleza estatal. En su lugar tendrán que presentar un plan de acción que detalle la forma de indemnizar daños y perjuicios en caso de incumplimientos.

La reciente modificación permitirá que más instituciones puedan acreditarse para brindar servicios de certificación a la ciudadanía, facilitando así el inicio de las actividades a todos aquellos que soliciten la acreditación o que ya se encuentren en el proceso.

Además, los parlamentarios aprobaron reformar el artículo 46 de la ley. En este se contempla que los proveedores de servicios de certificación deben notificar sobre el inicio de sus actividades a la Unidad de Firma Electrónica a más tardar 10 días hábiles antes. Sin embargo, con la nueva reforma, bastará con que notifiquen sobre el Inicio de sus labores, sin restricción de tiempo.

Samuel Martínez, diputado de Nuevas Ideas, señaló que estas reformas permitirán que la población tenga un respaldo para que, ante cualquier tipo de fraude, los proveedores puedan responder por los daños o perjuicios ocasionados.

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