Revocan sobreseimiento y decretan apertura a juicio contra líderes comunales de Hacienda La Labor que rechazan extracción de agua

Los defensores, que protestaron por una perforación de pozos sin permisos ambientales, hecha por la Inmobiliaria Fénix en noviembre de 2021, fueron procesados por ocupación ilegal del inmueble. Pero la instancia de Instrucción otorgó un sobreseimiento provisional de un año, lo que significa que durante ese período permanecerían en libertad, pero adheridos al caso.

Nov 15, 2022 | 0 Comentarios

Este martes, la Cámara de la Tercera Sección de Occidente revocó el sobreseimiento provisional de un año que otorgó un Juez de Instrucción a favor de 7 defensores del agua en la Hacienda La Labor, Ahuachapán.

Los defensores, que protestaron por una perforación de pozos sin permisos ambientales, hecha por la Inmobiliaria Fénix en noviembre de 2021, fueron procesados por ocupación ilegal del inmueble. Pero la instancia de Instrucción otorgó un sobreseimiento provisional de un año, lo que significa que durante ese período permanecerían en libertad, pero adheridos al caso.

En esta diligencia, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la inspección de la Unidad Medioambiental de la FGR y un acta de intimación. Para la vista pública (juicio), la FGR anunció que llevará una veintena de testigos.

‪El Juez decidió otorgar este sobreseimiento porque en Julio del 2021, la Cámara de la Tercera Sección de Occidente, ordenó una serie de medidas cautelares ya que el Ministerio Público no logró sustentar el “concurso de delitos” que había argumentado al inicio del caso.‬ No obstante, la FGR apeló la resolución del Juez de Instrucción de Ahuachapán y propuso revocar el sobreseimiento.

El 29 de noviembre del 2021, el Juzgado 2° de Paz de Ahuachapán decretó Instrucción Formal con Detención provisional contra varios líderes comunales acusados de supuestamente agredir a trabajadores de FÉNIX, quienes realizaban mediciones de agua en la Comunidad La Labor, con el fin de perforar pozos.

La FGR los acusa de “ocupación violenta de espacios comunales o habitaciones de trabajo” a los líderes Rosa Cinco, Jorge Zúniga, David Escalante, Adonaldo Artero, Kevin Menéndez, Mario Cinco y Ericka Solórzano.

Fénix presentó la denuncia alegando que hubo vigilantes lesionados en un terreno que supuestamente es propiedad de la compañía inmobiliaria.

Rosa Cinco, Zúniga y Escalante se les decretó prisión de tres meses, que fue el plazo solicitado por la FGR para la fase de instrucción.

“Los fiscales pidieron tres meses de instrucción, lo que corresponde es la apelación de nosotros porque para nosotros delito no existe. Ya había un acercamiento, dos días después de que estos hechos ocurrieran (la detención) los fiscales casi estuvieron presionando a esta gente que está presa, para que llegaran a un arreglo, prácticamente como abogados corporativos”, señaló uno de los abogados defensores, el año pasado.

Mientras tanto, Mario Cinco, Menéndez, Solórzano y Artero seguirán procesándolos en libertad y se les decretó medidas alternas, como no acercarse a las víctimas, no salir del país, no cambiar de domicilio y presentarse a firmar cada 15 días al tribunal.

Las comunidades y organizaciones ambientalistas aseguran que Fénix pretende perforar seis pozos para un proyecto urbanístico denominado “Eco-Terra Hacienda”, en un área de 400 manzanas que se ubica en mantos acuíferos que son aprovechados por 22,000 habitantes de la Hacienda La Labor. La zona es netamente agrícola y con la explotación del recurso hídrico, afectará directamente a 14 comunidades.

El Procurador Adjunto de Medio Ambiente de la Procuraduría de Derechos Humanos, David Sandoval, afirmó que la comunidad defendió legítimamente el derecho al agua, “eso es inexplicable, no se puede ver de otra manera”.

El 8 de octubre, ANDA pidió a Fénix un informe que detallara las medidas compensatorias y de conservación de las cuencas, además del permiso de extracción emitido por el Ministerio de Medio Ambiente. El 26 de octubre, la cartera de Estado emitió un oficio en el que advertía a la empresa de que no podía iniciar la construcción sin los debidos permisos.

Los imputados fueron capturados el pasado 25 de noviembre, un día después que se apersonaron a las instalaciones de Fénix para presentar los documentos de Medio Ambiente y ANDA. Los ambientalistas aseguran que la empresa ya había iniciado con la extracción de agua, por lo que se les solicitó detener la actividad.

“La comunidad empezó a decir: ‘¡apáguen esa bomba!’, porque ya estaban en el aforo. La apagaron y se retiraron, esas son las consecuencias que están pagando (…) Fénix quiere construir 2,736 casas, para eso necesitan hacer perforaciones, y en la explanada de La Labor se encuentra la mayor concentración de agua a nivel de toda Ahuachapán, ¿qué quiere decir? Si ellos explotan el agua, las fuentes de agua y pozos aledaños van a ser afectados”, manifestó la esposa de uno de los procesados.

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