La tensión en Guatemala no cesa. Desde que se definió en los últimos comicios que el candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo de León, sería el próximo presidente del país, el Ministerio Público sólo ha intensificado sus esfuerzos por suspenderlo y evitar su asunción.

Así, este martes decenas de agentes de la policía y la Fiscalía -bajo órdenes de Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y de Cinthia Monterroso– realizaron dos allanamientos en sedes del Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de recabar información en el marco de las investigaciones que mantienen abiertas contra el organismo.

Puntualmente, las búsquedas se realizaron en el Registro de Ciudadanos y el Parque de la Industria, donde se almacenan el padrón de los partidos políticos y las boletas que se usaron en la segunda ronda electoral, respectivamente.

Los allanamientos se realizaron bajo órdenes de Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y de la fiscal Cinthia Monterroso (AP)

En el Parque de la Industria, según informó el vocero del Tribunal, Luis Gerardo Ramírez, los fiscales abrieron las cajas donde están los votos que cada ciudadano emitió en la elección para presidente, vicepresidente, diputados del Congreso, alcaldes locales y diputados del Parlamento Centroamericano, junto con los nulos y los no utilizados, y los fotografiaron.

“Se está llevando a cabo la apertura de cajas bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público y del juez que ha dado la orden”, informó Ramírez sobre las acciones encabezadas por los funcionarios sancionados por el Gobierno de Estados Unidos por socavar las instituciones democráticas y obstruir la lucha contra la corrupción.

La Fiscalía pidió revisar por lo menos 160 cajas con los votos de varios departamentos de todo el país, sumó el vocero.

Se abrieron unas 160 cajas y se fotografiaron los votos de varios departamentos de todo el país (AP)

Esta manipulación de las bolsas selladas va en contra de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que establece que el único entre que puede abrirlas es el Tribunal Supremo Electoral, denunció por su parte David de León, director de comunicación del organismo.

En tanto, desde el Ministerio Público se negaron a informar a qué denuncia en particular respondían los allanamientos y, en su lugar, se limitaron a realizar las búsquedas.

Sí se supo, sin embargo, que el juez Fredy Orellana -también sancionado por Estados Unidos por emitir resoluciones judiciales con fines políticos- fue quien autorizó los allanamientos con el fin de secuestrar evidencia, extraer información digital y analizar datos de computadoras, memorias, tablets y teléfonos.

Todas estas acciones, al igual que los pasados intentos por suspender al Movimiento y hasta la declaración de ‘independientes’ de sus congresistas, forman parte de lo que Arévalo ha denunciado como un golpe de Estado orquestado por la Fiscal General Consuelo Porras y por Curruchiche.

Bernardo Arévalo denunció que el Ministerio Público está organizando un golpe de Estado para evitar su toma de cargo en enero (Europa Press)

Según el presidente electo, los funcionarios buscan impedir a toda costa su toma de posesión el próximo 14 de enero que, de todas formas, ya inició.

El mandatario aún en funciones, Alejandro Giammattei, quien ya mantuvo reuniones con el gabinete entrante, dijo a Arévalo este lunes que su asunción se dará tal como está previsto y “si es necesaria mi vida, allí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala, me guste o no me guste”.

“Una cosa son las elecciones y otras son los procesos de orden judicial… no pueden impedir que nadie asuma”, aclaró sobre las acciones del Ministerio Publico.

Desde el inicio de este último proceso electoral -y aún más después de los resultados del 25 de junio- Guatemala solo ha protagonizado polémicas e intromisiones de la Justicia. Inclusive, estos comicios han sido uno de los más accidentados en los últimos años y han llevado a varios organismos nacionales e internacionales a manifestar su preocupación por los intentos de la Fiscalía de amedrentar al ente electoral.