Las organizaciones Acción Ciudadana y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) valoraron la situación del Estado de El Salvador con relación al cumplimiento del Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), de la cual el país es suscriptor, y señalaron la existencia incumplimientos de las normas que rigen dicha convención.

Las valoraciones por parte de las organizaciones de derechos humanos se realizan en el marco del proceso de evaluación periódico para asegurar que los Estados firmantes cumplan con las disposiciones en materia de anticorrupción.

Según el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, la situación es preocupante cuando se señala la inexistencia de alrededor de 6,000 declaraciones de patrimonio de funcionarios públicos que no se han presentado ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Este tipo de compromisos internacionales están por encima del ordenamiento jurídico salvadoreño interno, es decir, no se puede poner ninguna norma interna para no cumplir con las obligaciones internacionales”, explicó Escobar.

En este sentido, las organizaciones solicitan al Estado salvadoreño a seguir el ordenamiento de los convenios internaciones y promover una cultura en donde la corrupción no forme parte de las bases de una sociedad.